Términos y condiciones de los servicios jurídicos
Última actualización: septiembre de 2026
Los presentes Términos y Condiciones regulan la contratación y prestación de los servicios profesionales ofrecidos a través de www.ignaciosolsona.es (en adelante, el «Sitio Web»).
La contratación de cualquiera de los servicios implica que el cliente ha tenido acceso, con carácter previo, a la información esencial sobre sus características, alcance, precio y condiciones de prestación.
1. Prestador de los servicios
Los servicios jurídicos ofrecidos a través de ignaciosolsona.es son prestados por:
Ignacio Solsona Fernández-Pedrera
Abogado colegiado ejerciente
NIF: 20481042W
Domicilio profesional: Calle Enmedio nº 22, piso 3, puerta E, 12001 Castellón de la Plana (Castellón)
Correo electrónico: ignacio.solsona@icacs.com
Teléfono: (+34) 662 061 250
2. Ámbito de los servicios profesionales
A través de ignaciosolsona.es pueden contratarse servicios de asesoramiento y defensa jurídica, principalmente en materia de Derecho Laboral y Seguridad Social.
Entre otros, podrán ofrecerse servicios relacionados con:
- derechos laborales y conflictos derivados de la relación de trabajo;
- despidos y extinciones de contratos;
- reclamaciones de cantidad y derechos;
- incapacidad permanente;
- incapacidad temporal y bajas médicas;
- jubilación y demás pensiones;
- prestaciones y subsidios por desempleo;
- convenios especiales con la Seguridad Social;
- cotización y prestaciones de Seguridad Social;
- procedimientos ante el INSS, TGSS, SEPE y otros organismos públicos;
- conciliaciones administrativas y extrajudiciales;
- procedimientos ante los Juzgados de lo Social y demás órganos jurisdiccionales competentes;
- consultas, estudios, informes y cálculos relacionados con las anteriores materias.
La anterior enumeración tiene carácter meramente informativo. El alcance concreto de cada servicio será exclusivamente el indicado en el Sitio Web, presupuesto, comunicación de contratación o correspondiente hoja de encargo profesional.
La contratación de un determinado servicio no implica la contratación de actuaciones distintas, posteriores o adicionales que no se encuentren expresamente incluidas en el encargo.
3. Consultas jurídicas
Las consultas jurídicas tienen por objeto analizar las cuestiones planteadas por el cliente y ofrecer una valoración profesional de acuerdo con la información y documentación facilitadas y con la normativa y criterios aplicables.
Cuando la consulta se realice mediante videollamada, tendrá la duración máxima indicada en el momento de la contratación y se realizará mediante el sistema de comunicación acordado con el cliente.
Si una cuestión concreta requiere una comprobación que razonablemente no pueda efectuarse durante la consulta, podrá completarse posteriormente la respuesta por correo electrónico, sin que ello convierta la consulta contratada en un servicio de asesoramiento continuado.
Salvo indicación expresa en contrario, una consulta no incluye la elaboración de escritos, informes extensos, cálculos pormenorizados, presentación de solicitudes o reclamaciones, negociación con terceros, asistencia a actos de conciliación, intervención en procedimientos administrativos o judiciales ni ninguna otra actuación profesional posterior.
4. Informes, estudios y cálculos
Cuando el servicio contratado incluya la elaboración de un informe, estudio o cálculo, este se realizará atendiendo al objeto concreto del encargo y a la documentación e información facilitadas por el cliente.
Los cálculos podrán comprender, entre otras cuestiones, pensiones, bases reguladoras, indemnizaciones, salarios, cotizaciones, coeficientes reductores, convenios especiales, costes de oportunidad o cualesquiera otras magnitudes relacionadas con el objeto del asesoramiento.
Cuando se realicen proyecciones sobre situaciones futuras, sus resultados tendrán carácter estimativo en la medida en que dependan de circunstancias todavía no producidas, tales como futuras cotizaciones, salarios, períodos de desempleo, revalorizaciones, modificaciones legislativas o cambios de criterio administrativo o jurisprudencial.
5. Procedimientos administrativos
Cuando el encargo comprenda actuaciones ante el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS), Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) u otra Administración Pública, el servicio incluirá únicamente las actuaciones expresamente contempladas en el correspondiente encargo.
La contratación de una solicitud, reclamación, recurso u otra actuación administrativa no incluye automáticamente actuaciones posteriores derivadas de la resolución que se dicte.
En particular, salvo pacto expreso en contrario, la presentación de una solicitud administrativa no comprende una posterior reclamación previa, recurso administrativo o procedimiento judicial; y la presentación de una reclamación previa o recurso tampoco comprende automáticamente la posterior interposición de una demanda judicial.
Cada actuación adicional podrá requerir un nuevo encargo profesional y los correspondientes honorarios.
6. Conciliaciones y procedimientos judiciales
Cuando el servicio contratado comprenda la defensa jurídica en un procedimiento de conciliación o judicial, su alcance será el establecido en la correspondiente hoja de encargo o presupuesto aceptado por el cliente.
Salvo que se indique expresamente lo contrario, los honorarios correspondientes a una determinada instancia o procedimiento no comprenden automáticamente recursos, incidentes posteriores, ejecución de sentencia, procedimientos diferentes o actuaciones que excedan del objeto inicialmente encomendado.
Cuando resulte necesaria la intervención de procuradores, peritos u otros profesionales independientes, sus honorarios y gastos no se entenderán incluidos en los honorarios del abogado salvo que se indique expresamente lo contrario.
7. Información y documentación facilitadas por el cliente
La prestación de los servicios se realizará tomando como base la información y documentación facilitadas por el cliente.
El cliente se compromete a proporcionar información completa, veraz, exacta y actualizada y a comunicar cualquier circunstancia que pueda resultar relevante para la correcta defensa de sus intereses.
Asimismo, deberá facilitar la documentación solicitada dentro de los plazos indicados y comunicar inmediatamente cualquier notificación administrativa, judicial, empresarial o de terceros relacionada con el asunto encomendado.
El profesional no será responsable de las consecuencias derivadas de datos incorrectos, incompletos o desactualizados, de documentación omitida o de información o notificaciones que no hayan sido comunicadas con la antelación necesaria para actuar dentro de los correspondientes plazos.
8. Plazos administrativos y judiciales
Determinadas actuaciones en materia laboral y de Seguridad Social están sujetas a plazos legales de prescripción, caducidad o impugnación.
La contratación o solicitud de un servicio no implica que pueda garantizarse la realización de una actuación cuando el cliente haya contactado con el profesional sin antelación suficiente, haya omitido información relevante o no haya facilitado oportunamente la documentación necesaria.
El cliente deberá informar de cualquier plazo conocido y facilitar inmediatamente las resoluciones, cartas de despido, sanciones, notificaciones o documentos cuya fecha de recepción pueda determinar el inicio de un plazo legal.
9. Representación y autorizaciones
Cuando la naturaleza del servicio lo requiera, el cliente deberá otorgar las autorizaciones, representaciones o apoderamientos necesarios para que el profesional pueda actuar en su nombre ante Administraciones Públicas, órganos judiciales u otras entidades.
La imposibilidad de obtener la representación necesaria podrá impedir o retrasar la realización de las actuaciones encomendadas.
10. Honorarios
El precio de cada servicio será el indicado en el Sitio Web, presupuesto, comunicación previa a la contratación o correspondiente hoja de encargo profesional.
Los precios ofrecidos a consumidores y usuarios incluirán los impuestos legalmente aplicables cuando así resulte exigible.
Los honorarios podrán establecerse como cantidad fija, por actuaciones, por fases del procedimiento, mediante un componente variable vinculado al resultado obtenido o mediante una combinación de estos sistemas, siempre que el cliente haya sido informado previamente.
Cuando exista un componente variable, su forma de cálculo, devengo y exigibilidad serán los establecidos en la correspondiente hoja de encargo o condiciones particulares aceptadas por el cliente.
Los gastos, tasas, depósitos, honorarios de peritos, procuradores u otros profesionales o suplidos necesarios para la tramitación del asunto no estarán incluidos salvo indicación expresa en contrario.
11. Forma de pago
El pago se realizará mediante los medios habilitados o indicados al cliente en cada caso.
La aceptación del encargo y el inicio o continuación de determinadas actuaciones podrán quedar condicionados al abono previo de los honorarios o provisiones de fondos correspondientes.
Cuando se haya acordado un pago fraccionado, deberán respetarse los vencimientos establecidos en la correspondiente hoja de encargo, presupuesto o acuerdo con el cliente.
12. Citas y videollamadas
Las consultas y reuniones se realizarán en la fecha y hora acordadas.
Si el cliente no pudiera asistir, deberá comunicarlo con la mayor antelación posible para tratar de concertar una nueva fecha.
Cuando exista causa justificada, podrá acordarse la modificación de la cita sin coste adicional.
Si el cliente no comparece sin previo aviso o comunica su imposibilidad de asistir cuando ya no resulte razonablemente posible reorganizar la agenda profesional, podrá considerarse consumido el tiempo profesional reservado, sin perjuicio de las circunstancias particulares del caso.
13. Plazos de realización de los trabajos
Los informes, escritos, cálculos y demás trabajos profesionales serán realizados dentro del plazo acordado o, cuando no exista un plazo expresamente establecido, dentro de un plazo razonable atendiendo a su naturaleza, complejidad, documentación necesaria y circunstancias del asunto.
Cuando sea necesaria información o documentación adicional, el plazo podrá quedar suspendido hasta su recepción.
Los tiempos de tramitación y resolución correspondientes a Administraciones Públicas, órganos judiciales y terceros son ajenos al control del profesional.
14. Obligación de medios y ausencia de garantía de resultado
Los servicios jurídicos constituyen una obligación de medios y no de resultado.
El profesional se compromete a desarrollar el encargo con la diligencia profesional exigible, aplicando sus conocimientos y experiencia al caso concreto, pero no puede garantizar un determinado resultado administrativo, judicial o económico.
La valoración favorable de las posibilidades de una reclamación o procedimiento tampoco constituye garantía de que la Administración, la empresa, la parte contraria o los órganos judiciales vayan a aceptar la posición defendida.
15. Estimaciones económicas y cálculos futuros
Las estimaciones relativas a pensiones, prestaciones, indemnizaciones, cotizaciones u otras cantidades se realizarán con arreglo a la información disponible y a la normativa y criterios existentes en el momento del estudio.
Cuando se proyecten situaciones futuras, el resultado podrá verse alterado por modificaciones legislativas, nuevas cotizaciones, variaciones salariales, períodos sin cotización, revalorizaciones, cambios profesionales o personales, nuevos criterios administrativos o jurisprudenciales y cualesquiera otras circunstancias posteriores.
Por ello, las proyecciones futuras constituyen estimaciones profesionales realizadas con la información disponible en la fecha del estudio y no garantías de un resultado futuro.
16. Derecho de desistimiento en contrataciones a distancia
Cuando el cliente tenga la condición legal de consumidor y el contrato se celebre a distancia, dispondrá del derecho de desistimiento durante el plazo establecido por la normativa de consumidores y usuarios.
Cuando el cliente solicite expresamente que la prestación del servicio comience durante el período de desistimiento, será informado de las consecuencias legalmente previstas.
Si el servicio hubiera sido completamente ejecutado antes de finalizar dicho período, habiendo comenzado su ejecución con el consentimiento expreso del consumidor y con el reconocimiento de que perderá su derecho de desistimiento una vez completamente ejecutado el contrato, el derecho de desistimiento dejará de resultar aplicable en los términos establecidos legalmente.
Cuando el consumidor ejerza el derecho de desistimiento después de haber solicitado expresamente el comienzo de la prestación durante dicho período, deberá abonar, cuando legalmente proceda, la parte proporcional de los servicios efectivamente prestados hasta el momento en que comunique su decisión de desistir.
17. Desistimiento o terminación del encargo profesional
El cliente podrá decidir no continuar con el encargo profesional, sin perjuicio de su obligación de abonar los honorarios correspondientes a los servicios y actuaciones efectivamente realizados hasta ese momento y de las condiciones particulares que, en su caso, se hubieran pactado válidamente.
Cuando el encargo incluya honorarios variables, precios cerrados, fases de procedimiento u otras condiciones particulares para los supuestos de terminación anticipada, se estará a lo expresamente acordado en la correspondiente hoja de encargo profesional.
La terminación de la relación profesional no afectará a las cantidades ya devengadas ni a las obligaciones que por su naturaleza deban subsistir.
18. Comunicaciones
Las comunicaciones relacionadas con el encargo podrán realizarse mediante correo electrónico, teléfono, videollamada, mensajería u otros medios acordados con el cliente.
El cliente deberá mantener actualizados sus datos de contacto y revisar las comunicaciones relacionadas con el asunto encomendado.
La utilización de medios electrónicos no exime al cliente de comunicar inmediatamente cualquier notificación oficial o documento sujeto a plazo que reciba directamente.
19. Confidencialidad y secreto profesional
Toda la información y documentación facilitadas por el cliente serán tratadas de forma confidencial y con sujeción al deber de secreto profesional propio del ejercicio de la abogacía.
Este deber subsistirá después de finalizar la relación profesional en los términos previstos por la normativa aplicable.
20. Protección de datos personales
Los datos personales facilitados durante la contratación y prestación de los servicios serán tratados conforme a la normativa vigente en materia de protección de datos y a la Política de Privacidad de ignaciosolsona.es.
En dicha Política de Privacidad se encuentra disponible la información relativa al responsable del tratamiento, finalidades, bases jurídicas, destinatarios, conservación de los datos y ejercicio de derechos.
21. Propiedad intelectual
Los informes, escritos, cálculos, modelos y demás documentos elaborados específicamente para el cliente podrán ser utilizados por este para las finalidades propias del encargo profesional.
Su entrega no implica, salvo acuerdo expreso, la cesión de los derechos de propiedad intelectual para su publicación, explotación comercial, reproducción pública, distribución o utilización para finalidades ajenas al encargo.
22. Responsabilidad
El profesional responderá de la prestación de los servicios conforme a la normativa aplicable y a las obligaciones propias del ejercicio profesional de la abogacía.
No será responsable de retrasos o consecuencias derivados de actuaciones u omisiones de Administraciones Públicas, órganos judiciales, empresas, partes contrarias, plataformas tecnológicas u otros terceros que se encuentren fuera de su control.
Tampoco será responsable de las consecuencias derivadas de información incorrecta, incompleta o tardíamente facilitada por el cliente, ni de documentación o notificaciones que no hayan sido comunicadas con tiempo suficiente para realizar la correspondiente actuación.
Ninguna disposición de estos Términos y Condiciones pretende excluir o limitar derechos del cliente o responsabilidades del profesional que legalmente no puedan ser excluidos o limitados.
23. Modificación de los términos y condiciones
Los presentes Términos y Condiciones podrán modificarse para adaptarlos a cambios normativos, modificaciones de los servicios ofrecidos o cambios en los procedimientos de contratación.
Las condiciones aplicables a cada encargo serán, con carácter general, las que estuvieran vigentes y hubieran sido puestas a disposición del cliente en el momento de la contratación, sin perjuicio de las modificaciones que deban aplicarse por disposición legal.
24. Legislación aplicable y resolución de controversias
Los presentes Términos y Condiciones y los servicios profesionales contratados se regirán por la legislación española.
En caso de discrepancia, las partes procurarán resolverla previamente de forma amistosa.
Cuando el cliente tenga la condición de consumidor o usuario, cualquier controversia se someterá a los juzgados y tribunales que resulten competentes conforme a la normativa de consumidores y usuarios y las normas procesales aplicables.
En los restantes supuestos, la competencia judicial se determinará conforme a la legislación vigente.
25. Prevalencia de las condiciones particulares
Cuando para un determinado servicio se formalice una hoja de encargo profesional, presupuesto o condiciones particulares, estas completarán los presentes Términos y Condiciones.
En caso de contradicción entre estos Términos y Condiciones generales y las condiciones particulares expresamente aceptadas para un determinado encargo, prevalecerán estas últimas en todo aquello que se refiera específicamente al servicio contratado, siempre dentro de los límites establecidos por la legislación aplicable.
26. Contacto
Para cualquier cuestión relacionada con la contratación o prestación de los servicios profesionales puede contactar con:
Ignacio Solsona Fernández-Pedrera
Correo electrónico: ignacio.solsona@icacs.com
Teléfono: (+34) 662 061 250